Cuando una mujer está embarazada hay una extrema necesidad por transitar esa etapa de su vida libre de violencia. Sin embargo, no siempre es posible y los datos así lo comprueban.
La violencia tiene graves repercusiones durante y después del embarazo. Según estudios, la violencia contra la mujer es un factor que influye en la mortalidad materna y en la salud de niñas y niños por nacer. Se ha estimado que entre 3% y 7% de las muertes maternas, en México, está relacionado con eventos de violencia. De acuerdo con Melisa Institute, este porcentaje puede ser muy superior en entidades como la Ciudad de México, donde se rebasa el 20%.
La violencia física y sexual aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas por golpes, lesiones, labor prematura del parto y hemorragias. También las mujeres afectadas sufren frecuentemente barreras para acceder a un buen control del embarazo.
Un dato relevante es que el entorno de violencia hacia las mujeres se observa desde la infancia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh, 2021), 12.6% de las mujeres mexicanas reportó haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, eso equivale a 6,366,948 niñas y adolescentes víctimas de este tipo de violencia.
Es preocupante que casi 7 de cada 10 personas agresoras reportadas por mujeres que sufrieron violencia sexual en edades tempranas, sean familiares o personas cercanas (endireh, 2021).
Asimismo, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, en dicho año se registraron 22,410 víctimas de delitos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el riesgo es visiblemente mayor para las niñas y adolescentes mujeres, ya que ellas concentraron 84% de las víctimas.
Estas cifras de violencia son aún más alarmantes cuando se dan en una situación de embarazo, pues se relacionan también con la ocurrencia de un aborto espontáneo o inducido, así como con la reincidencia.
Según investigaciones del Dr. William Fisher de la Universidad de Ontario Occidental, en Canadá, un historial de violencia física o sexual se asocia con abortos inducidos repetidos. Es decir, la violencia física o sexual por parte de la pareja puede dar lugar a cambios psicológicos duraderos que lleven a la mujer a decidir abortar, incluso de manera repetida.
En el contexto de nuestro país, lo anterior cobra mayor relevancia cuando se conoce que entidades que impulsan la política de aborto, como la Ciudad de México, se encuentran a la cabeza de los reportes de violencia sexual durante la infancia y la adolescencia. La Ciudad de México junto con el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla concentran 2 de cada 10 reportes de violencia sexual. En la Ciudad de México casi 15% de las mujeres reportó haber sufrido violencia sexual durante su infancia y adolescencia, porcentaje mayor que la media nacional (endireh, 2021).
La falta de acciones preventivas, focalizadas en mujeres embarazadas que pueden ser víctimas de violencia, tiene afectaciones negativas en la salud materna. La ausencia de estrategias integrales, progresivas y medibles para evitar que más mujeres se enfrenten a situaciones de violencia genera un aumento de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio. Asimismo, la falta de seguimiento a mujeres que reinciden en abortos imposibilita que se rompan círculos de violencia hacia ellas. Sin duda, la política de aborto es una medida de un estado claudicante que renuncia a buscar el bienestar real de las mujeres y a la atención de las causas que vulneran su salud y vida.
Debido a que la violencia no sólo incide en la mortalidad materna sino también en el desarrollo de la primera infancia, es vital que se reconozca como el problema real a resolver. El abusador y el aborto forman parte de una cadena interminable de injusticia e impunidad motivada por el silencio y el miedo y siguen abonando a un país cada vez más violento, que exige acciones de protección inmediatas.