*Es falso que se haya despenalizado el aborto a nivel federal. El Poder Judicial está obligado a respetar Tratados y Convenciones internacionales suscritos por México.
*La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo señaló que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto, pero aún es un delito y no un derecho.
*Expertos en Derecho advirtieron que una resolución del Poder Judicial no es justa ni correcta si se impone fuera del Estado de Derecho y ajeno al interés de proteger los derechos humanos.
Ciudad de México. – La reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solo otorgó un amparo a una organización en materia de penalidad del delito de aborto, no significa que éste deje de ser un delito y se convierta en un derecho, precisaron los especialistas en Derecho Constitucional.
Durante la mesa de análisis organizada por El Heraldo Televisión, los especialistas explicaron que no todas las sentencias de alguna de las salas de la Suprema Corte o del pleno en su conjunto son justas o correctas, porque van en sentido contrario al respeto de los derechos humanos.
En cambio, expresaron durante el programa de Televisión, sí está obligado el Poder Judicial a respetar Tratados y Convenciones internacionales, que tienen el mismo rango que la Constitución de México, en materia de protección del Derecho a la Vida.
En opinión del Dr. Francisco Vázquez–Gómez Bisogno, profesor en Derecho e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, las recientes sentencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto no son definitivas porque los ministros de la Primera Sala sólo revisaron y resolvieron casos específicos, pero basados en una narrativa inserta en el activismo judicial por atender más otro tipo de interés más allá de los jurídicos.
“Hoy por hoy no tenemos sentencias definitivas, es decir, es muy pronto como para sacar conclusiones, pero no hay una despenalización a nivel nacional del aborto, sino simplemente se revisaron por parte de la Primera Sala de la SCJN algunos amparos promovidos por algunas organizaciones que tienen como finalidad acompañar a las mujeres que decidan abortar”, dijo.
En ese sentido, criticó la pretensión del Poder Judicial de alterar el Pacto Federal por tratar de imponer criterios, en apariencia jurídicos, que van más allá de sus facultades y atribuciones porque -remarcó- legislar la permisividad o penalización del aborto sólo es un ejercicio autónomo de los gobiernos y congresos locales.
“Me parece que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia no da instrucciones, mucho menos órdenes, a los poderes legislativos de que modifiquen sus leyes, en este ámbito no solamente es violatoria del federalismo sino se plantea precisamente un activismo judicial que es muy criticable por donde se vea”, subrayó
También el profesor Vázquez – Gómez Bisogno cuestionó que este tipo de tesis jurídicas sobre la penalización del aborto están basadas más en contenido ideológico que jurídico y en el famoso “derecho al libre desarrollo de la personalidad.”
Por su parte, Diana Gamboa Aguirre, Maestra en Derecho Constitucional y profesora investigadora dijo que lo lamentable de este tipo de sentencias es que deshumanizan los derechos de la mujer, de la madre y de la protección del bebé por nacer, al erigirse el Poder Judicial como una instancia para decidir quién es titular de derechos y quien no.
De igual forma, citó que los ministros de la Suprema Corte no tienen competencia constitucional ni legal para imponer resoluciones sobre el resto de los Poderes de la Unión a nivel federal y local:
“A mí me parece que es problemático este ejercicio de activismo judicial de la Corte porque precisamente se le olvida que no le corresponde, no hay una competencia constitucional ni legal que la faculte para imponerle al congreso el deber de legislar en un sentido determinado porque entonces ¿para qué queremos legisladores si ya tenemos once personas en Pino Suarez que se asumen como los que representan a todos, cuestionó.
En conclusión, los expertos en derecho Gómez-Vázquez Bisogno y Gamboa Aguirre coincidieron en señalar la necesidad de auténticas políticas públicas que acompañen a la mujer y que sea en beneficio del respeto al Derecho a la Vida.