Chomsky bautizó como “El problema de Orwell” a “la capacidad de los sistemas totalitarios para inculcar creencias que son firmemente sostenidas y muy difundidas, aunque carecen por completo de fundamento y a menudo contrarían francamente los hechos obvios del mundo circundante (Chomsky, 1989)”.
En el 2007 Aministía Internacional emitió un muy poderoso comunicado instando a todo el personal médico del mundo a no participar en la muerte de reos para lo que publicó las resoluciones de los organismos médicos más influyentes del mundo (AI, 2007).
El insensato proyecto que impulsa el Congreso de la Ciudad de México es recibido con estupefacción por la comunidad médica porque plantea la práctica de abortos en cualquier etapa de la gestación, lo que agrava y recrudece la preocupación entre los prestadores de salud sobre ser obligados a la ejecución legal del feticidio que es necesario para la práctica del aborto provocado.
La preocupación dominante es –sin lugar a dudas– el grave riesgo en el que serán colocadas todas mujeres porque es científicamente incontrovertido que la muerte materna por aborto ocurre con mucho mayor probabilidad conforme aumenta la etapa gestacional, sin que exista justificación plausible para esa regresividad (Bartlett et al., 2004; Diedrich & Steinauer, 2009; Foster & Kimport, 2013; Lohr et al., 2008; Hammond, 2009; Shah & Zao, 2009; Smith et al., 2023).
Pero cuando emerge un mandato que ordena la ejecución mecánica del feticidio en cualquier etapa de gestación, la comunidad mandatada lo resiente con asoro porque el cómo se matará y quién lo matará se arroja a las manos del personal sanitario que, a diferencia del legisladores, sí sabe y sí entiende que el feticidio debe ocurrir antes de la extracción o expulsión del cuerpo del no nacido y que el proceso se alarga conforme el feto desarrolla su sistema nervioso y cardiovascular, por lo que para lograr su muerte se necesita de procedimientos más prolongados o mayores dosis de agentes químicos o métodos específicos de mutilación para conseguir la cesación de su vida.
Sobre todo cuando un embarazo ha cruzado la línea de la viabilidad fetal (que es el criterio clave para distinguir entre un aborto espontáneo y un parto prematuro y donde se deja de hablar de feto para decirles niña o niño prematuro) la encomienda del legislador se vuelve crítica en tanto implica privar de vida a quien ya puede conservarla sin la ayuda del cuerpo de su madre.
Hace 17 años cuando se aprobó la despenalización en esta ciudad, se difundió con denuedo que los fetos no podían sentir dolor, y que el procedimiento no era cruel si se hacía durante las primeras semanas. Pues en aquél entonces no había sido publicada la pieza de mayor influencia académica sobre sufrimiento fetal (Derbyshire & Bockmann, 2020) que contradice esa creencia y que es parámetro no solo para los abortos sino para las cirugías fetales.
Lo que viene a cuento porque a las aclaraciones sobre quién mata y cómo mata también se suma el tema de cómo muere la persona que habrá de ser matada; lo que, a su vez, nos conduce a la reflexión sobre esas otras muertes “plenamente legales” –como la de los reos– y a su comparación con los estándares para el sacrificio de animales.
Hoy, afortunadamente ha cobrado vigor el reproche de la crueldad para el sacrificio de animales; las prestigiosas asociaciones veterinarias del mundo (AVMA, 2020) han prohibido el sacrificio de animales mediante el uso de los medicamentos que provocan agudo dolor pero sin reparar que esos fármacos son los que se utilizan, precisamente, para el feticidio (IPAS,2022) y para la ejecución de los reos; aclarado, claro, que a los delincuentes sí se les obsequia la cortesía y consideración humanitaria de intentar remedar un proceso anestésico previo a su envenenamiento, que no se tiene para con el feto ni para el infante prematuro.
La oportunidad de provocar dolor en otro ser vivo sea o no humano, no es un acto del ámbito íntimo y subjetivo de lo “privado” a donde las personas de pobre educación o frágil entendimiento suelen confinar la discusión de la libertad de conciencia de los médicos. Tampoco la discusión está en el oscuro rincón de “lo privado” donde en aras del progreso esas mismas personas sumergen con desprecio a los sistemas de creencias. Es un claro asunto clínico, de moralidad pública y de franca regresión legal prohibida en el ámbito convencional que es donde sí se coloca la muy seria discusión sobre tratos crueles e inhumanos pues en el hard law (Abbott & Snidal, 2000; Boyle, 1999; Shaw, 2017) no existe tal cosa como el “derecho de matar a otro” y menos la facultad legal para obligar a una comunidad médica y científica de realizar semejantes procedimientos (PIDCP, art. 18; CADH, art. 12). Especialmente cuando la conducta se despliega sobre pacientes humanos que ya podrían sobrevivir fuera del cuerpo de su madre.
Habría sido prudente y aconsejable haberles consultado a los médicos sobre la viabilidad técnica y pertinencia clínica de tan entusiasta desatino de tajar un embarazo en avanzada etapa de la gestación dado que quienes matarán son las personas del ámbito médico y los prestadores de servicios de salud y no los legisladores y porque quienes pueden morir de una intervención de aborto tardío son las mujeres…incluyendo a las legisladoras.
La idea de mitigar la histórica barbarie que nuestra civilización ha cometido contra las mujeres mediante el perfeccionamiento de otra variante de incivilidad parece muy poco aconsejable. La atrocidad de ordenar que sea la comunidad médica y científica la que materialice tal encargo es poco propicia en un país donde las mujeres ya mueren y son violentadas en todas las formas posibles, incluyendo la muerte por la falta de acceso a los servicios de salud. Y más cuando es esa misma comunidad médica la que ya hace sobrehumanos esfuerzos por salvarlas enfrentando una política pública –inmisericorde– de privación de los insumos y recursos materiales que son necesarios para salvar sus vidas y para disminuir los índices de mortalidad materno infantil (OMS, 2024). Especialmente porque a diecisiete años resultó fallida la promesa de que el aborto legal coadyuvaría a disminuir la mortalidad (Morfín et al., 2024).
Apuleyo narra en su Asno de Oro con excelente humor los horrores y sufrimientos infligidos a un joven, Lucio, que habiendo sido convertido en un burro fue víctima de toda clase de abusos. La crueldad a través de sus descripciones realistas dan cuenta de la enorme capacidad humana de infligir dolor y humillación. Lucio, ese humano convertido en un curioso “burro con conciencia”, ante la nueva iniciativa y frente al obrar de los legisladores, parece el arquetipo digno de emulación porque un ápice de conciencia y entendimiento nos les vendría mal.
Dar la cortesía de una muerte sin crueldad ni dolor en un embarazo tardío, y sin que tenga un resultado fatal para la mujer (que llega ahí para intentar sobrevivir a una sociedad que la abandona) no es algo que resuelva ninguna ley. Y ni siquiera está al alcance de cualquier médico porque la capacidad operativa hospitalaria y la infraestructura médica sí son cruciales para garantizar que un paciente reciba la atención adecuada, tal como nos lo demostró la pandemia (IHME,2020).
Y contra ese último argumento habrá quien diga que no corresponde al Estado paternar a persona alguna prohibiéndole que tome riesgos graves sobre su propia vida. Pero frente ese reproche liberal (que usado in extremis hasta serviría para dejar de prohibir el uso lúdico del fentanilo) está el argumento, todavía más liberal, sobre que ese mismo Estado no puede –justo por liberal– obligar a profesional alguno a obrar contra su propio conocimiento… porque el Estado no está para mandar sino para obedecer y actuar bajo parámetros de racionalidad (Bobbio,1984) y todo médico puede rechazar participar en procedimientos de alto riesgo si considera que no se pueden llevar a cabo de forma segura o ética, o si creen que podrían ser objeto de acusaciones de mala praxis (Consejo de Salubridad General, 2022).
Dicho en palabras no médicas y siguiendo a Luxemburgo: “La libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido —por numerosos que sean— no es libertad. La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente.” De hecho, Chomsky expresa bien la idea cuando sostiene que “Si no creemos en la libertad de expresión para las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto.” Y esa libertad incluye: reprochar una política tocofóbica que agrava el riesgo para las mujeres.
Por Ingrid Tapia
Abogada, activista, profesora universitaria (ITAM, UP) y consultora de Early Institute.