Salud, sexualidad y violencia contra las mujeres

Introducción

En las últimas décadas, la situación de la mujer en el contexto social mexicano ha sido ampliamente analizada. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, el trabajo no remunerado, la escolarización, la participación política, la violencia, la salud, y la maternidad, son solo algunos de los temas que comúnmente se abordan.

Se reconoce que, en cada uno de estos temas, existen distintas problemáticas que deben enfrentarse pues representan obstáculos, alertas u oportunidades para el desarrollo de las mujeres. Por ello, en el presente artículo se describe, de manera general, la situación que guardan tres asuntos centrales para esta población: salud, violencia y mortalidad materna. Tres ámbitos íntimamente relacionados que son abordados con el fin de conocer avances y retrocesos en los últimos años.

En este contexto, se analiza también el papel de la política de aborto impulsada en algunas entidades federativas, con el objetivo de reflexionar sobre su impacto transversal en los temas antes mencionados. Para ello, se toma la Ciudad de México como caso de estudio, por ser el referente nacional en este tipo de política.

Finalmente, se plantean una serie de reflexiones que darán pautas para mejorar los esfuerzos y acciones basadas en evidencia, en torno a la salud, la sexualidad y la protección de las mujeres mexicanas.

Situación actual de las mujeres mexicanas

De acuerdo con el Inegi, en México el 78% de las mujeres tiene 15 años o más. Alrededor de 35 millones de mujeres se encuentran en edad reproductiva (Inegi, 2022).

Población por grupos de edad y sexo, 2022 (distribución porcentual)

Déficit en el acceso a la salud de las mujeres embarazadas

Un problema central para las mujeres mexicanas es el acceso a los servicios de salud.

Se sabe que, si bien existe un amplio sistema público de salud, el acceso puede ser limitado.

En el caso de la salud relacionada a la sexualidad y la reproducción, el reto no se halla solo en el acceso a servicios de planificación familiar o el espaciamiento de embarazos, sino sobre todo en la atención al embarazo, el parto, el puerperio, y la maternidad en sus diferentes etapas.

En este sentido, la salud para las mujeres demanda políticas públicas que competen a la salud pública pero también a la seguridad social, como lo es una licencia por maternidad o el acceso, no condicionado, a cualquier servicio antes, durante y después del embarazo.

En este sentido, se sabe que el 63.6% de la población ocupada en México carece de acceso directo a la seguridad social (CONEVAL, 2023). Si observamos la información por sexo, del total de mujeres ocupadas, menos de la mitad de ellas tuvo acceso directo a la seguridad social (poco más de 10 millones).

Esta situación preocupa, además, porque el número de personas que declaran recibir atención médica en instituciones públicas ha disminuido, pasó de 22.4 en 2018 a 18.1 millones de personas en 2022. En particular la población sin acceso a la seguridad social, ante el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ha tenido una caída que no se ha recuperado en 2022.

La falta de acceso tiene afectaciones más graves en grupos vulnerables, como las mujeres de bajo nivel socioeconómico, jefas de familia y mujeres jóvenes, situación que puede verse incrementada ante crisis como la ocurrida por el COVID-19. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2020), el 29% de las mujeres no fueron atendidas durante la pandemia, a pesar de sí haber buscado atención, frente a 8% en el caso de los hombres (Shamah-Levy, 2021).

Esta situación de desprotección de las mujeres mexicanas tiene afectaciones a la salud, repercute en la mortalidad materna, la detección oportuna de enfermedades -como el cáncer-, el acceso a planificación familiar, e incluso la salud infantil durante los primeros años de vida, la cual se encuentra íntimamente ligada a la salud materna.

Embarazo adolescente

El embarazo adolescente ha sido un problema permanente en el país.

La tasa de fecundidad adolescente en México, según el Inegi (2021a), fue de 26.3 nacidos vivos, hijos de madres de 15 a 19 años.

La tasa de embarazo adolescente, según los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), debe reducirse en 50% para el 2030 en población de 15 a 19 años, respecto a los niveles reportados para 2015, y erradicar embarazos en menores de 15 años. Sin embargo, si bien existe una leve disminución, en general se observa un estancamiento, a pesar de avances que se han tenido en algunos servicios (Inegi, 2021b).

Una de las cuestiones centrales respecto a la reducción del embarazo adolescente es entender el fenómeno para desarrollar estrategias adecuadas. En este sentido el CONEVAL ha afirmado que “contrario a la mayoría de las hipótesis de la literatura sobre el fenómeno, que plantean que el embarazo lleva al abandono escolar, investigaciones disponibles sobre el tema refieren que el abandono escolar se relaciona más estrechamente con la incapacidad económica de seguir estudiando que con el embarazo y, en su lugar, haber dejado los estudios se constituye como un factor determinante para la maternidad temprana” (CONEVAL, 2022).

Con datos de la Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente (ENFaDEA, 2017), se identificó que tres cuartas partes de las mujeres ya no estudiaban cuando se embarazaron. Asimismo, de acuerdo con el CONEVAL, el embarazo no es el principal motivo del abandono escolar, sino que lo es el inicio de la vida conyugal y otros aspectos como la falta de recursos económicos, las expectativas de roles de género en el hogar y la exclusión escolar como resultado de trayectorias escolares intermitentes (CONEVAL, 2020).

Por lo anterior, resulta imprescindible impulsar la educación como un factor de protección al embarazo adolescente, así como también apoyar programas y acciones de gobierno que atienden embarazos no esperados, como el Programa Beca de Apoyo a la Educación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) el cual ha demostrado que impacta de manera positiva en el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica de adolescentes embarazadas y madres adolescentes, por medio de transferencias monetarias (CONEVAL, 2020).

¿Cuáles son las causas reales de la mortalidad materna?

La mortalidad materna (MM) es un indicador que evidencia el tipo de atención que reciben las mujeres en edad reproductiva, y que pone de manifiesto las brechas existentes por una distribución desigual de ingresos, recursos materiales y beneficios generados por las políticas públicas gubernamentales (Freyermuth, 2016).

En América Latina y el Caribe la mortalidad materna se incrementó entre 2016 y 2020 en un 15%. Para el caso de México, en el 2016 hubo una razón de mortalidad materna (RMM) de 34.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, que se mantuvo en niveles similares en los años siguientes 2017 (34.0), 2018 (32.7), 2019 (33.0) y se incrementó en 2020 (48.9) y 2021 (56.0), para disminuir nuevamente en 2022 (30.4) y 2023 (26.5).

En cuanto al número de muertes correspondientes a dichas tasas, en 2016 ocurrieron 762, en 2017 hubieron 737, mientras que en 2018 y 2019 fueron 672. Debido a la pandemia, durante 2020 y 2021 hubo un alza muy significativa en el número de muertes maternas a nivel nacional, 932 y 1059, respectivamente. Mientras que en 2022 hubo una reducción a niveles previos a la pandemia, con 644 muertes maternas. Tendencia que se mantuvo en 2023 donde se contabilizaron 556 muertes maternas.6

Las principales causas de defunción en el 2023 fueron:

Si bien la mortalidad materna ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos años, es claro que las políticas públicas no han sido suficientes. México no pudo alcanzar el objetivo planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015, en el cual se comprometía a disminuir en tres cuartas partes la mortalidad materna, con lo cual debió llegar a 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados (RMM). Al cierre del 2023 no se alcanzó el Objetivo propuesto, pues fue de 26.5 (RMM).

Una de las principales dificultades para un avance sostenido de la mortalidad materna es la gran heterogeneidad que existe en el país. Es decir, se observan enormes brechas entre entidades federativas, avances sostenidos en algunas de ellas y estancamientos en otras (Freyermuth, 2016).

En una comparación de la RMM entre lo ocurrido en 2002 con respecto al 2022, se observa que, si bien la reducción es prácticamente generalizada, se confirma la heterogeneidad. Estados como Morelos, Baja California Sur y Campeche tuvieron descensos de alrededor de tres cuartas partes de la mortalidad materna mientras que, en Durango, Baja California y Nuevo León ocurrió incluso un ascenso.

Estudios recientes muestran que existen determinantes para la disminución de la mortalidad materna tales como:

• Escolaridad de la mujer.
• Atención a emergencias obstétricas.
• Cuidado prenatal y atención profesional del parto.
• Contar con agua potable y drenaje.
• Atención a embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer.
• Violencia contra la mujer.
• Así como, postergar la maternidad y la disminución de la fecundidad (Koch, 2015).

Conoce más sobre los factores relevantes para reducir la mortalidad materna México:

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Por lo anterior, las políticas públicas que han demostrado tener impacto en la disminución de la mortalidad materna en el país son aquellas que han incidido en tales determinantes. En ese sentido, en los últimos años algunos estados y a nivel nacional se han impulsado estrategias que mejoran las condiciones de atención, cobertura y de respuesta rápida a diversas situaciones durante el embarazo y parto.

Solo en la medida en que los gobiernos federal y estatales dan prioridad a la atención del embarazo, parto y puerperio y generan políticas públicas basadas en evidencia, sostenidas en el tiempo, se observan avances sostenidos y generalizados en la mortalidad materna del país.

Atención de la violencia sexual, factor para reducir el aborto

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) mientras en 2016 el 9.4% de las mujeres (4,378,040) reportaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años, para 2021 el porcentaje creció a 12.6%, eso equivale a 6,366,948 niñas y adolescentes que sufrieron esta violencia.

Resulta también preocupante que casi 7 de cada 10 personas agresoras reportadas por mujeres por violencia sexual durante su infancia o adolescencia sean familiares o personas cercanas (ENDIREH, 2021).

En 2016, a nivel estatal, el mayor número de reportes se registraron en el Estado de México con 710,209 reportes de mujeres, 412,904 en la Ciudad de México, 357,582 en Jalisco, 300,693 en Veracruz y 218,066 en Puebla. Para el 2021 estas entidades federativas continuaron en los primeros cinco lugares y, aunado a ello, se puede observar un aumento sustancial por entidad en los números de reportes: Estado de México 988,356, Ciudad de México 592,547, Veracruz 468,4378, Jalisco 412,777, y Puebla 295,345.

Estados con mayor número de reportes de mujeres por violencia sexual durante la infancia y la adolescencia.

La violencia sexual, según lo observado por fuentes de justicia, está presente de manera marcada en la vida de las mujeres, situación que ocurre desde la infancia. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (2021), en dicho año se registraron 22,410 víctimas de delitos sexuales (niñas, niños y adolescentes). Sin embargo, el riesgo es visiblemente mayor para las niñas y adolescentes mujeres, ya que el 84% de las víctimas fueron del sexo femenino. ​Esto quiere decir que diariamente 52 niñas y adolescentes sufren alguna forma de violencia sexual en el país.

Por lo anterior, se afirma que la violencia sexual es una problemática nacional grave, que continúa creciendo y para la cual no se han desarrollado políticas públicas nacionales de prevención y atención.

Alrededor del 95% de los delitos sexuales se encuentran en la cifra oculta. Es decir, no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación, por lo que los agresores se encuentran en impunidad y, las mujeres agredidas, en el silencio.